... una carta destinada al conseller d'Educació y al Síndic de Greuges
Hola a todos/as;
Como seguramente sabrán ya los asiduos a esta lista residentes en Cataluña, el gobierno catalán se propone convertir en obligatorio el segundo ciclo de educación infantil. En otras palabras, si el proyecto de ley prospera y se acaba aprobando, los niños de tres años residentes en Cataluña tendrán que ir al cole el próximo curso, estén o no preparados para hacerlo, con el agravante de que en Cataluña el horario escolar a esas edades se prolonga desde las nueve hasta las cinco de la tarde, a diferencia de la mayoría de comunidades autónomas españolas y de otros países, en las que los niños salen a mediodía y se permite una mayor flexibilidad horaria en función de la disponibilidad de los padres.
La iniciativa nos parece una barbaridad sin ningún fundamento pedagógico y cuya finalidad ni siquiera queda clara en las afirmaciones del conseller de Educación, Ernest Maragall. Que casi todos los padres se vean obligados o quieran llevar a sus hijos al cole con tres años no justifica que todos sin excepción lo tengamos que hacer, entre otras cosas porque cada niño es un mundo y no todos están preparados para la escolarización a esas edades.
Hemos redactado una carta destinada al conseller d'Educació y al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo en Cataluña) , así como a los medios, y estamos recogiendo firmas entre los residentes en Cataluña para añadirlas al texto antes de enviarlo (ya llevamos ochenta) . Quienes estén de acuerdo con lo expuesto en él y tengan a bien firmarlo pueden hacerme llegar sus datos (nombre completo, DNI o cualquier otro documento de identidad y profesión u ocupación) en un mensaje privado a rita@fornols.net.
A continuación pego el escrito.
Gracias de antemano y feliz año nuevo a todos,
Rita da Costa
El documento “Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya. Una llei de país”, presentado por el conseller de Educación Ernest Maragall en rueda de prensa el pasado 16 de noviembre se plantea como declaración de intenciones del gobierno catalán, abierta al debate público, sobre la futura Ley de Educación catalana.
Han sido muchas las reacciones y la polémica que ha despertado este documento, sobre todo entre el personal docente, respecto al alcance y la conveniencia de las medidas propuestas, pero una de las novedades más radicales que en él se postulan ha pasado bastante desapercibida.
Nos referimos a la afirmación de que “la Ley declarará la obligatoriedad de la educación en el segundo ciclo de la educación infantil”, es decir, el tramo que va de los tres a los seis años de edad.
¿Qué razones pedagógicas se ofrecen para justificar una decisión de este calibre? No lo es, sin duda, la primera que se aporta: “tal como se ha configurado la oferta de enseñanza en Cataluña, se puede afirmar que prácticamente la totalidad del alumnado entre los tres y los seis años (…) está escolarizada”. Constatar un hecho consumado no constituye en modo alguno una justificación razonada y basada en criterios pedagógicos. Si, como dijo el propio conseller en rueda de prensa, el 98% de los niños catalanes de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años ya acude a la escuela, no comprendemos por qué propone el Departament d’Educació hacer obligatorio algo que en la práctica ya casi lo es.
Si buscamos más profundidad pedagógica (o tan sólo algo de sentido común) en el texto presentado por el conseller, tampoco la hallaremos en la segunda y última razón esgrimida para introducir la obligatoriedad de la educación preescolar: “Por otro lado, la importancia que tiene la escolarización de toda la población a estas edades, especialmente entre los niños de las clases sociales menos favorecidas, aconseja declarar este ciclo obligatorio, y así mejorar la igualdad de oportunidades”. Afirmar, sin más argumentos, que es importante escolarizar a los niños a una edad tan temprana resulta inadmisible. ¿En qué estudios se basa el conseller? ¿Acaso conoce el informe recientemente publicado por las universidades de Stanford y Berkeley (How Much is Too Much? The Influence of Preschool Centers on Children`s Social and Cognitive Development) que alerta sobre los riesgos de la educación preescolar y señala que, aunque la escolarización infantil favorece la adquisición de habilidades cognitivas, incide negativamente en el desarrollo social y emocional de los pequeños, generando un incremento de los problemas de conducta?
Y en cuanto a la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, nos preguntamos a qué medio social pertenece ese 2% de familias que eligen no escolarizar a sus hijos de tres años en Cataluña. Sospechamos que no todas encajan en la definición de “familias desfavorecidas” y que en ese porcentaje entran también quienes se han planteado otro modelo educativo para sus hijos, basado en el respeto a las necesidades fisiológicas, emocionales y pedagógicas de éstos. Un modelo, queremos subrayarlo, avalado por la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea , que en su artículo 14 proclama “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. Sería deseable que el conseller compartiera, si es que dispone de ella, la información relativa a ese 2% de la población.
Pero, argumentos aparte, basta echar un vistazo a los países de nuestro entorno para darse cuenta de lo estrafalaria que resulta esta urgencia por escolarizar a los niños de tres años. En el exhaustivo estudio publicado por la OCDE bajo el título “Starting Strong II: Early Childhood Education and Care” sobre las políticas de educación y atención a la primera infancia en veinte países, se describen los factores sociales, económicos y conceptuales que condicionan dichas políticas. Pues bien, no hay un solo país de la Unión Europea en el que la enseñanza sea obligatoria antes de los seis años de edad (siete en el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia). Tampoco lo es en Canadá, Estados Unidos ni Australia.
Pero hay un dato más llamativo aún: en el caso de Finlandia, que el último informe PISA valora como modelo a seguir por los excelentes resultados obtenidos en materia de educación, el porcentaje de niños de entre dos y tres años que acuden a la escuela no supera el 50%, frente —recordémoslo— al 98% de niños catalanes. El único país incluido en el estudio de la OCDE que prevé hacer obligatoria la enseñanza preescolar es México. Con todo el respeto que nos merece el pueblo mexicano, ¿cuál debería ser la referencia para Cataluña, México o Finlandia?
En los últimos tiempos, las medidas que —al menos sobre el papel— buscan fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar ocupan un lugar destacado en las políticas sociales, tanto del gobierno español como del catalán. ¿Acaso se fomenta esta conciliación universalizando la escolarización obligatoria a partir de los tres años? ¿Qué entendemos por “conciliación”? ¿No sería más progresista y efectivo establecer los mecanismos sociales que permitan a padres y madres pasar más tiempo con sus hijos en una etapa de la vida de éstos en la que, según las principales corrientes pedagógicas vigentes, el desarrollo personal de los niños pasa más por la construcción emocional y social que por la acumulación de conocimientos y la imposición de unas exigencias curriculares más propias de niveles superiores, una etapa en la que el juego constituye la principal y más eficaz forma de aprendizaje?
¿Qué es más progresista, consentir que los niños de tres años pasen ocho horas al día en el recinto escolar, sometidos a jornadas tan largas como las de sus padres o introducir medidas reales de conciliación que permitan reducir la jornada laboral de éstos para que puedan compartir con sus hijos al menos una parte del día? No podemos sino preguntarnos si no habrá una relación directa entre este déficit de atención en el seno familiar durante la primera infancia y los crecientes casos de depresión y trastornos de conducta entre los menores, o el hecho de que España tenga el dudoso honor de ser el tercer país del mundo que más psicofármacos receta a los menores.
¿No sería más lógico establecer un ingreso gradual y flexible de los niños en el sistema educativo, sin imposiciones, en función de las necesidades de los padres y las características personales de cada niño, de cada familia, con un planteamiento más abierto de los centros preescolares, con mayor libertad de horarios, que en todo caso no deberían ser tan amplios como los que tenemos ahora, sino más bien imitar el modelo noruego o el de otras comunidades autónomas españolas, en las que el horario lectivo preescolar concluye a mediodía?
Por descontado, esto requeriría establecer verdaderas medidas de conciliación, como ampliar los permisos de maternidad o legislar excedencias remuneradas y con garantía de reincorporación al puesto de trabajo y mantenimiento de sueldo para uno de los dos miembros de la pareja con niños de corta edad, como sucede en los países que nos aventajan en los índices de bienestar y éxito escolar?
El Departament d’Educació plantea la necesidad de esta nueva Ley de Educación de Cataluña , entre otras razones, como respuesta al índice de fracaso escolar todavía “demasiado elevado” y a un “rendimiento escolar insatisfactorio” que queda “por debajo de lo exigible” a nuestro país. ¿Por qué no fijarse, entonces, en los países con mejores resultados, aquellos que el último informe PISA presenta como modelos a seguir? Ninguno de ellos se plantea declarar obligatoria la escolarización antes de los seis años, pero en cambio todos fomentan verdaderas medidas de conciliación laboral y familiar en lugar de ahondar en la dicotomía hogar-escuela.
Creemos que existen dos elementos socioculturales subyacentes a la decisión del Departament d’Educació: en primer lugar, la noción, bastante extendida, de que conciliar la vida laboral y familiar consiste en mantener a los niños “aparcados” mientras los padres trabajan. Eso no es conciliar, sino más bien todo lo contrario. Aceptamos que niños de menos de tres años entren al colegio llorando día tras día a lo largo de semanas o incluso meses, que sufran una imposición prematura del control de esfínteres para el que muchos de ellos no están preparados, que vivan como una separación traumática lo que debería ser una adaptación progresiva y acorde con sus necesidades emocionales, y nos enjugamos las lágrimas que nos provoca ser testigos y partícipes de su sufrimiento porque “es lo que toca” en lugar de cuestionar un sistema que alienta y premia —aunque hasta ahora no imponía por ley— la segregación precoz y prolongada de padres e hijos.
El segundo elemento es fruto de una filosofía de trabajo muy arraigada en España, y sobre todo en Cataluña, según la cual cuantas más horas pasa uno en la oficina, más produce. La realidad de los países que nos rodean, y en especial de los que disfrutan de un nivel de vida más elevado que el nuestro, desmiente este mito sobradamente. Más horas en la oficina no equivalen a más trabajo hecho, no necesariamente. Además, fomentar la concesión de permisos de baja maternal y paternal, así como reducciones de jornada, para que hombres y mujeres puedan dedicarse a la atención y educación de sus hijos no solamente no perjudica la productividad de las empresas ni la buena marcha de la economía sino que contribuye a fortalecer las familias y, en consecuencia, favorece el bienestar y la educación de los niños, que es responsabilidad primera y directa de los padres, no de las guarderías ni de las escuelas.
Por todo ello, consideramos que no resulta socialmente beneficioso ni pedagógicamente razonable imponer la obligatoriedad de la enseñanza entre los 3 y los 6 años de edad. Es una ocurrencia impropia de un gobierno progresista y de izquierdas e incurre claramente en el vicio de “prescribir remedios ineficaces para males inexistentes” que, citando textualmente el documento presentado por conseller, se pretende evitar. Una ocurrencia que, además, resulta incompatible con la Ley Orgánica de Educación española, aprobada el año pasado, que mantiene la obligatoriedad de la escolarización a partir de los seis años y cuyo carácter orgánico hace que la pretensión del Departament d’Educación resulte más que dudosa desde el punto de vista legal. Convertir semejante dislate en ley de obligado cumplimiento en lugar de favorecer alternativas que permitan una socialización menos brusca y drástica de los niños nos parece un grave paso atrás sin fundamento pedagógico alguno que merece nuestro más enérgico rechazo.
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