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La Fiscalía denuncia que el Gobierno lleva 5 años sin escolarizar a los menores

Pedro Guerra
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias denunció ayer públicamente que los menores sometidos a medidas judiciales llevan cinco años sin escolarizar, concretamente desde la entrada en vigor de la Ley 5/2001, que regula los delitos cometidos por los menores. Según explicó ayer a este periódico el fiscal portavoz del la Fiscalía del TSJC, Guillermo García-Panasco, "los menores que cumplen medidas en el centro de régimen cerrado de Gáldar nunca se han sometido a programa de escolarización alguno, nunca han tenido profesores y ni siquiera se tiene constancia de la existencia de libros de texto en el centro. Como mucho, en alguna ocasión, ha aparecido alguna fotocopia de un libro de texto", explicó el portavoz.

Para la Fiscalía, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, que depende de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, nunca ha tenido un plan serio de escolarización de los menores que cumplen medidas judiciales", algo que se viene recogiendo en los diferentes informes que se llevan a cabo por parte de los fiscales adscritos a Menores después de cada una de las visitas rutinarias de inspección que se realizan en Gáldar. "Llevamos cinco años advirtiéndolo y el Gobierno nunca se ha implicado de una forma seria en este aspecto", según García-Panasco, a pesar de que la Ley obliga a la escolarización de todos los menores de 16 años, algo que se debe llevar a cabo por el progenitor o tutor del joven, según la Ley.

MATRICULACIÓN. La Fiscalía reconoció, sin embargo, que en el caso de los centros de menores de régimen semiabierto, como La Montañeta, sí tienen constancia de matriculaciones en centros escolares de algunos de los menores, "pero hay que tener en cuenta que, en algunos casos, hablamos de jóvenes que no saben leer ni escribir y al poco tiempo acaban por fugarse de los colegios", explicó el fiscal portavoz.

"Lo que echamos en falta es la voluntad y la existencia de una plan serio de escolarización", algo a lo que obliga la Ley en el caso de los menores de 16 años y que el Ejecutivo regional lleva cinco años sin cumplir, según el Ministerio Público.

Guillermo García Panasco explicó también que durante estos cinco años de poner en conocimiento la situación a las autoridades, por parte de la Fiscalía en algún momento se han planteado la posibilidad una denuncia de tipo penal contra el Gobierno de Canarias, debido a que es quien ostenta la tutela de los menores sometidos a medidas judiciales. "En este momento no lo contemplamos", apuntó el portavoz, "pero la Fiscalía de Menores lo ha estudiado en alguna ocasión, lo que pasa es que tiene difícil encaje penal", afirmó.

"El artículo 226 del Código Penal recoge que cometerán delito los progenitores o tutores que dejaran de cumplir los deberes necesarios de los descendientes, por lo que habría que estudiar si el único hecho de no escolarizar a los jóvenes supondría una dejación de funciones en su totalidad", según explicó la Fiscalía.

La magistrada Victoria Rosell, que actualmente instruye un caso relacionado con presuntos abusos sexuales a menores de La Montañeta, aseguró también a este periódico que le parece "una barbaridad" que los menores sometidos a medidas judiciales estén sin escolarizar.

"Es algo obligatorio por Ley", afirmó la magistrado que ha visto en las últimas semana la situación de los menores en Canarias.
 

20/10/2006 La Provincia, diario de Las Palmas

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